Elite y Educación Publica por Javier Castillo

Durante la última versión de ENADE, Sebastián Piñera fustigó en duros términos a la Presidenta Michelle Bachelet por la contradicción que existiría entre la elección del colegio de sus hijos y sus deseos de fortalecer y privilegiar la educación pública. En palabras del candidato de derecha, “La Presidenta Bachelet no se equivocó: su hija estaba en La Girouette, un colegio pagado, ni siquiera subvencionado (…) por tanto, recomendar a los demás lo que no están dispuestos a recomendar para sus familias, a mí me parece, al fin y al cabo, una falta de honestidad y una falta de consecuencia”.

Tras estos dichos no sólo se oculta la antigua y artera estrategia de descalificar las ideas del adversario con argumentos ad hominem, además se vislumbra el proyecto educacional de la derecha en su versión más radical. Para este sector, la solución a los graves e ingentes problemas de la educación chilena –así como de la mayoría de los problemas públicos- pasaría por privatizar, desregular y descentralizar aún más el sistema educacional. Esto, a pesar de que desde hace un tiempo muchos investigadores vienen planteando la inviabilidad de una solución de este tipo. En este sentido, conviene recordar la conclusión a la que llegó la investigadora norteamericana Taryn Rounds Parry en su artículo “Descentralización y privatización: política educacional en Chile” (1997). Para ella, “aunque es difícil hacer comparaciones confiables a través del tiempo, el rendimiento general de la educación chilena no ha aumentado sustantivamente desde que la educación privada se ha expandido fuertemente y la provisión pública disminuido a niveles dramáticos. La privatización no fue la solución para la baja calidad de la educación chilena, y puede no ser la solución para otras ineficiencias del sector público”. Es cierto, hoy la educación pública no está en buenas condiciones. Si analizamos los datos entregados por la prueba SIMCE 2007, el rendimiento promedio de la educación municipal –tanto entre los alumnos de cuarto como de octavo básico- es inferior al exhibido por cualquiera de los dos modelos de educación privada, diferencia que sólo se revierte a favor de la educación pública entre los alumnos de nivel socioeconómico bajo y entre los de nivel socioeconómico medio-alto de octavo básico (presumiblemente porque los liceos tradicionales, que comienzan en séptimo básico, aún son atractivos para los mejores alumnos de la educación particular subvencionada). Por esta razón, muchos padres que en otras condiciones preferirían un modelo de educación pública para sus hijos, contra la fuerza de sus convicciones, terminan privilegiando la educación privada. Ahora bien, contrario al sentido que el comentario de Sebastián Piñera deja entrever, este hecho es un motivo para seguir fortaleciendo y privilegiando la educación pública y no para continuar en el funesto derrotero de su privatización. En la actualidad, el sistema educacional chileno padece una suerte de segmentación por clases sociales, fruto de la cual los niños de clase baja van a colegios municipales, los de sectores medios a colegios particulares subvencionados y los de clase alta a establecimientos particular pagados. Tal estructura se encuentra en abierta oposición con el ideario progresista que defiende una educación gratuita, laica y pluralista, que aspira a integrar a niños de distintos credos y clases sociales. Sin embargo, para hacer posible este proyecto educativo la educación pública no puede seguir siendo concebida como una institución asistencial para aquellos padres que no pueden conseguir una buena educación para sus hijos en el mercado. Junto con revertir esta tendencia, el Estado debe ofrecer una red de liceos públicos de excelencia, que ofrezcan un nivel de infraestructura y calidad a la altura de los mejores colegios privados. Sólo así aquellos padres que, como la Presidenta Bachelet, desean fortalecer la educación pública pero también la mejor educación disponible para sus hijos optaran por un modelo de educación laica, gratuita y republicana. Sin este incentivo, la convivencia de niños de distintos orígenes sociales en la educación pública se verá limitada por la disponibilidad de una educación muy superior en el sector privado. La posibilidad de reconstruir una red de liceos de excelencia, como la que en el pasado encabezaba el Instituto Nacional y que contaba con importantes cabezas regionales –como el Liceo Abate Molina de Talca-, hoy cobra tanta importancia y vigencia como la que tuvo a comienzos del siglo XX. En un país como Chile, en el cual la alta dirección corporativa está prácticamente cooptada por los egresados de un puñado de colegios –según un estudio realizado este año, el 50% de los gerentes de las 100 empresas más grandes de Chile proviene de 5 colegios privados y sólo en 14% proviene de la educación municipalizada-, y en el que el apellido puede llegar a pesar incluso más que los méritos académicos para determinar el nivel de ingresos de una persona –como bien lo demuestra Javier Núñez en su estudio “Clasismo, discriminación y meritocracia en el mercado laboral: el caso de Chile” (2004)-, sólo la emergencia de una elite formada en liceos públicos puede ayudar a forjar un país más inclusivo y tolerante, que terminé con los sesgos de clase arriba mencionados. En este sentido, el proyecto de fortalecimiento de la educación pública enviado recientemente por el ejecutivo al congreso es un avance. Reconoce el mayor costo de educar a un niño de sectores vulnerables y establece una subvención preferencial para subsanar esta desigualdad e impide la selección de alumnos, con excepción de aquellos casos en que exista un nivel de postulación que sobrepase las matriculas disponibles o de aquellos colegios de reconocida excelencia académica. Sin embargo, para posibilitar la emergencia de una elite formada en colegios públicos, que esté en igualdad de condiciones con los egresados de los mejores colegios privados, esto no es suficiente. Así como debemos estar dispuestos a invertir más en aquellos colegios que atienden a una mayor cantidad de niños pobres, también debemos estar dispuestos a invertir aún más dinero en una red de establecimientos que formen bajo el mismo techo a los mejores alumnos, tanto de esos colegios como de sectores acomodados, bajo un ambiente de profundo respeto, tolerancia y espíritu republicano. Esta es la más efectiva, y quizás la única, forma de luchar contra el clasismo y la monopolización del acceso al poder en manos de unos pocos, forjados en establecimientos que enarbolando la bandera de la “libertad de enseñanza” sólo permiten el ingreso a ellos según el dinero, redes sociales y creencias religiosas de los padres.

Por Javier Castillo,
Sociologo de la Universidad Catolica de Chile